El consejo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobará hoy un incremento del ‘Fond-ICO Global’, el fondo de fondos público de capital riesgo de España, por importe de 2.500 millones de euros para los próximos cinco años, a los que se sumará próximamente una dotación de 500 millones de euros para financiación de ‘startups’. Además, el Consejo de Ministros formalizará el próximo martes el acuerdo para poner en marcha la línea de avales del ICO de 40.000 millones después de que con la primera se hayan movilizado más de 90.500 millones de financiación.
Así lo anunció ayer la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la inauguración de la asamblea anual de Cepyme, en la que detalló que con la línea de avales del ICO se han movilizado hasta el pasado domingo 90.500 millones de euros en financiación, de las que pymes y autónomos han protagonizado el 97% de operaciones, con una movilización de casi 50.000 millones en avales y de casi 63.000 millones en acceso a liquidez para afrontar las necesidades diarias empresariales.
Calviño también avanzó que el próximo martes se formalizará en el Consejo de Ministros el acuerdo para poner en marcha la nueva línea del ICO de 40.000 millones destinada no solo a financiar capital circulante, sino también inversiones de futuro en materia de sostenibilidad medioambiental y digitalización. «Es un balón de oxígeno muy importante y lo seguirá siendo en los próximos meses a medida que se acelere la reactivación», ha destacado Calviño, quien ha resaltado que la labor del ICO va más allá de las garantías y avales, puesto que la semana pasada lanzó la decimotercera convocatoria ‘FondICO-Global’, dotada con 430 millones, la mayor en magnitud y en fondos, tras haber agotado los 2.000 millones dotados.
Así, ha anunciado que el consejo del ICO tiene previsto aprobar este jueves un incremento de dicho fondo por importe de 2.500 millones para los próximos cinco años para garantizar la continuidad de este instrumento y dotar de otro tipo de financiación NO bancaria por medio de distintas participaciones en el capital de las empresas.
El objetivo es la colaboración público-privada, catalizar fondos privados nacionales e internacionales hacia empresas españolas con especial atención hacia empresas en fases iniciales de su desarrollo y las ‘startups’.
De hecho, ha anunciado también que «próximamente» se va a completar la labor del ‘FondICO’ con una dotación específica de 500 millones para financiar ‘startups’ para movilizar inversión y el desarrollo empresarial en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad o ‘Big data’ en el ámbito de pequeñas y medianas empresas.
Esta misma semana, Red.es ha lanzado la convocatoria de ayudas para el desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial, dotada con 35 millones de euros, para acelerar la digitalización de pymes.
PIDE QUE EL ERTE SEA UN MECANISMO «PERMANENTE»
Respecto a otra de las principales medidas para hacer frente a la crisis del Covid-19, los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE), Calviño ha resaltado que han protegido a más de 3,5 millones de trabajadores, la mayoría pymes, como alternativa a la destrucción de empleo y se ha alargado hasta el 30 de septiembre.
«Espero que este mecanismo marque un antes y un después en el mercado laboral y entre todos convertirlo en un mecanismo permanente que proporciona una alternativa a las grandes fluctuaciones de empleo que han caracterizado nuestro país», ha apostillado.
Junto a los ERTE y los avales del ICO ha destacado otras medidas como las moratorias de impuestos e hipotecaria o los planes específicos para sectores como el turismo, automoción o ciencia, así como avances en digitalización con dos convocatorias de ayudas para acelerar la digitalización de jóvenes y pymes como el programa ‘Acelera Pyme’ de Red.es, de 250 millones (115 millones en ayudas y 135 préstamos ICO para I+D+i), a lo que se sumarán «otras medidas».
«EL CAMINO ES LARGO E INCIERTO, NO HEMOS VISTO EL FINAL»
La vicepresidenta tercera ha mostrado el «compromiso» y la «determinación» del Gobierno de actuar para responder a las distintas necesidades derivadas de la crisis del coronavirus, si bien ha advertido de que todas las medidas conllevan un «importante esfuerzo presupuestario», que ha cifrado en un 5% del PIB en el caso de las medidas ya adoptadas y en un 15% del PIB las medidas de liquidez.
«Es una movilización sin precedentes de recursos públicos absolutamente imprescindible, pero un esfuerzo del conjunto que tendremos que financiar», ha manifestado.
«El camino por delante es largo e incierto, es mucha la incertidumbre, todavía no hemos visto el final de la pandemia y quedan meses complicados», ha admitido Calviño, quien sin embargo ha enfatizado que España es «un gran país» que dispone de «extraordinarios activos, como las empresas y el tejido de pequeñas y medianas empresas que son «el corazón del país y clave en la creación del empleo».
En este sentido, ha agradecido el «apoyo, trabajo, compromiso y responsabilidad» de los empresarios y ha sostenido que hay que estar «muy orgullosos» de todos los interlocutores sociales porque «han estado a la altura en la crisis de lo que se merece España con un papel vertebrador».
NO SUBIR IMPUESTOS Y NO ASUMIR COSTES DE TELETRABAJO
Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y, a través de un vídeo, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, han felicitado a la vicepresidenta por el esfuerzo con las medidas del ICO y los ERTE.
No obstante, Garamendi ha rechazado a las subidas de impuestos al considerar que «no son una solución a la crisis» puesto que «más impuestos para la empresa supondrá más ruina y cierres y la desaparición de miles de puestos de trabajo».
Además, ha rechazado ante la vicepresidenta «cualquier tentación de hacer recaer más costes sobre las empresas» en relación al teletrabajo, cuya regulación se está abordando en el marco del diálogo social, para que esa fórmula no se ve «abocada al trabajo o se demuestra que hay quien no comprende el papel social de la empresa».
También ha pedido que el fondo europeo se use para invertir en programas que conduzcan a la modernización de la economía y no al incremento del gasto estructural.
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